El alto el fuego como aplazamiento, la resistencia como continuo
Rima Najjar
Nota de la autora
Aunque respetan el alto el fuego negociado por Trump en octubre de 2025 —un acuerdo que pretende estabilizar, pero que en cambio consolida la asimetría—, los palestinos se resisten activamente a esta contención. Mediante recursos legales, documentación civil, ayuda mutua y un replanteamiento discursivo, se niegan a permitir que los comités de transición y la óptica humanitaria anulen la demanda de soberanía, retorno y rendición de cuentas.
La aceptación de un alto el fuego no supone una rendición de armas ni el fin de la resistencia. El acuerdo suspende los combates y permite el intercambio de prisioneros y el acceso humanitario, pero aplaza explícitamente la exigencia de desarme por parte de Israel. En la práctica, subraya la distinción entre el cumplimiento táctico bajo presión y el rechazo existencial a la desaparición.
En este ensayo, trazo la evolución de las demandas y contrademandas después del 7 de octubre y la evolución de la resistencia armada —desde los jóvenes que lanzaban piedras en la Primera Intifada hasta las incursiones con drones en 2023— junto con las crecientes contramedidas de Israel: asesinatos, asedios, vigilancia y borrado legal. Cada fase revela no solo cambios tácticos, sino también la persistencia de la asimetría y la recalibración del rechazo, lo que arroja luz sobre lo que probablemente vendrá después.
Nota: En este ensayo, las referencias a “Hamás” deben entenderse como una abreviatura de Hamás y las facciones de resistencia palestinas aliadas, incluida la Jihad Islámica Palestina, los Comités de Resistencia Popular y otros que operan dentro de la Sala de Operaciones Conjuntas.
1. Ajuste de cuentas sin resolución
El alto el fuego negociado por Trump, que entró en vigor el 12 de octubre de 2025, es estructuralmente frágil. Se basa en la premisa de que Israel puede mantener el control estratégico mientras externaliza la gobernanza civil a intermediarios verificados. ¿Pero puede? Yo diría que no. Se parte de la premisa de que la resistencia palestina puede pacificarse mediante ayudas y reorganizaciones administrativas. No será así. Y asume —a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario— que Israel pueda siquiera mantener un alto el fuego.
Esa premisa se derrumba bajo escrutinio. Israel está actualmente arrestando nuevamente a prisioneros palestinos liberados en Cisjordania, incluso mientras negocia el intercambio. Ya lo ha hecho antes: durante el intercambio de Shalit, las liberaciones de la era de Oslo y en innumerables acuerdos de alto el fuego. Esta táctica no es excepcional; es estratégica. Israel utiliza los nuevos arrestos como medio de presión, castigo y perturbación.
Solo el año pasado, Israel violó el alto el fuego en el Líbano de noviembre de 2024 más de 500 veces, lanzó ataques aéreos en las 24 horas siguientes al acuerdo de Gaza de octubre de 2025 y saboteó el intercambio de prisioneros mediante arrestos preventivos. Para Israel, los altos el fuego funcionan menos como compromisos que como una cobertura diplomática para continuar sus operaciones.
El alto el fuego también presupone que la destrucción de Gaza y la masacre de su población servirán como elemento disuasorio. No será así. La disuasión presupone que la supervivencia es el objetivo. Pero la resistencia palestina no se basa en el miedo, sino en la desposesión, la memoria y el rechazo. La lógica se desmorona cuando un pueblo asediado ya ha soportado décadas de desplazamiento y borrado, cuando la atrocidad se convierte no en una advertencia, sino en un ajuste de cuentas. La resistencia no se reduce a las deficiencias de gobernanza. Persiste porque la contención niega el reconocimiento, la rendición de cuentas y el retorno.
Y bajo todo esto subyace una suposición final, tácita: que Israel aún puede proyectar una imagen de invencibilidad. Pero esa imagen ya se ha fracturado: en el campo de batalla, en los medios de comunicación y en la imaginación moral de un mundo que observa. Lo que queda no es disuasión, sino desesperación disfrazada de dominio.
Entonces, ¿hacia dónde se dirige este alto el fuego?
- Hacia una gobernanza asimétrica: Gaza administrada por actores internacionales, pero bajo la sombra militar israelí, lo que genera fricciones, fragmentación y una renovada resistencia.
- Hacia la confrontación jurídica: los casos de la CPI ponen a prueba los límites de la impunidad del estado, ya sea restableciendo la credibilidad del derecho internacional o exponiendo su complicidad.
- Hacia una ruptura discursiva: el lenguaje de la resistencia irrumpe en la corriente principal: las demandas palestinas de dignidad, retorno y rendición de cuentas se reformulan como reivindicaciones legítimas.
- Hacia una recalibración regional: Egipto, Qatar y Turquía afirman su mediación, Estados Unidos se aferra a su centralidad, la opinión pública árabe ejerce más presión y los actores regionales se muestran menos deferentes.
- Hacia una movilización global: redes activistas surgen en todos los continentes: boicots, desinversiones, campamentos y manifestaciones masivas erosionan el excepcionalismo moral de Israel y aceleran su aislamiento.
El alto el fuego puede mantenerse temporalmente, pero las asimetrías subyacentes persisten. Lo que ha cambiado es su visibilidad, las herramientas legales y discursivas disponibles para impugnarlas, y la negativa —tanto de los palestinos como del público internacional— a aceptar la contención controlada como paz.
La historia palestina nos enseña que cuando Israel preserva su poder mediante el aplazamiento y la fragmentación, la resistencia se recalibra, como ha ocurrido. Desde las piedras de la Primera Intifada hasta las incursiones con drones en 2023, los palestinos han adaptado sus tácticas en respuesta a la cambiante maquinaria de la ocupación. La brutal realidad es que los llamamientos no violentos por sí solos no producen ningún cambio estructural. Los foros internacionales se demoran, los marcos humanitarios se despolitizan y los altos el fuego se derrumban bajo el peso de la impunidad israelí.
El cambio de las marchas masivas a los procesos judiciales, de la protesta simbólica al sabotaje de infraestructuras, refleja la negativa a dejarse contener por marcos que consideran el reconocimiento como algo negociable y la justicia algo como aplazable. Es también una respuesta al colapso de la doctrina de disuasión de Israel. El mito de la invencibilidad, que en su día fue fundamental para su postura estratégica, se ha desmoronado. Lo que queda no es la disuasión, sino un ciclo de escalada que expone los límites de la fuerza y la futilidad del borrado.
Lo que nos trae a este momento no es solo una ruptura, sino la claridad: que la resistencia debe ser plural, estratégica e implacable. Que un alto al fuego sin justicia no es paz, es aplazamiento. Y que cada recalibración es un recordatorio: la exigencia de retorno, dignidad y rendición de cuentas no se apaciguará. Se rearticulará, se reimaginará y se reafirmará, hasta que se derrumben los andamios de la impunidad.
2. De piedras a drones
Si el alto el fuego revela la fragilidad de la disuasión israelí, la trayectoria de la resistencia palestina revela su persistencia. La resistencia nunca ha sido estática; ha cambiado de forma en respuesta tanto a la represión como a las posibilidades, cada fase ha estado marcada por un reajuste táctico y una contramedida israelí. Lo que perdura no es un único método, sino un continuo —piedras, cohetes, túneles, drones—, cada iteración exponiendo los límites de la dominación y la inutilidad del borrado.
Durante la Primera Intifada (1987-1993) , organizaciones de base en Gaza y Cisjordania —principalmente bajo el Liderazgo Nacional Unificado del Levantamiento— movilizaron a la población civil para boicotear los productos israelíes, negarse a pagar impuestos y organizar manifestaciones multitudinarias. Jóvenes palestinos lanzaron piedras contra soldados y tanques. Estos actos de desafío presionaron a las autoridades israelíes y atrajeron la atención mundial, culminando en los Acuerdos de Oslo de 1993. Si bien Israel mantuvo el control militar, los palestinos obtuvieron un autogobierno limitado a través de la recién creada Autoridad Palestina.
En la Segunda Intifada (2000-2005), facciones armadas como Hamás, la Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa de Fatah intensificaron la resistencia mediante atentados suicidas, emboscadas y ataques de francotiradores. Israel respondió con la Operación Escudo Defensivo, reocupó importantes ciudades de Cisjordania y construyó el muro de separación. Asesinó a líderes palestinos clave, como el jeque Ahmed Yassin y Abdel Aziz al-Rantisi. Los palestinos afirmaron su rechazo a la ocupación, mientras que Israel fortificó las fronteras y fragmentó la unidad política palestina.
Tras la retirada de Israel de Gaza en 2005, Hamás consolidó su control y cambió de táctica hacia la guerra con cohetes. Hamás y la Yihad Islámica lanzaron miles de cohetes hacia el sur de Israel, lo que provocó repetidas operaciones militares israelíes: Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014). Israel desplegó ataques aéreos, invasiones terrestres y bloqueos navales, matando a miles de personas y destruyendo infraestructura. Las facciones palestinas construyeron túneles subterráneos para el contrabando y los ataques sorpresa. A pesar de las grandes pérdidas, mantuvieron la capacidad operativa y la visibilidad internacional. Simultáneamente, grupos de la sociedad civil organizaron campañas no violentas, como el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y la Gran Marcha del Retorno (2018), que Israel respondió con disparos de francotiradores y restricciones legales.
El 7 de octubre de 2023, Hamás y facciones aliadas de la resistencia palestina lanzaron un ataque coordinado contra el sur de Israel, atacando bases militares, sistemas de vigilancia y asentamientos cercanos. Los combatientes utilizaron drones para inutilizar torres, parapentes motorizados para penetrar el espacio aéreo y enviaron unidades terrestres para asaltar posiciones fortificadas. En la misma zona, el festival de música Nova, celebrado cerca del kibutz Re’im, junto a varias instalaciones militares, fue alcanzado tanto por el ataque como por el fuego israelí, promulgado bajo la doctrina Hannibal, un protocolo invocado para prevenir secuestros incluso con el riesgo de matar a civiles y soldados israelíes. Israel respondió con una fuerza abrumadora.
Aproximadamente 1200 personas murieron en Israel y más de 200 fueron tomadas como rehenes por Hamás y facciones aliadas. Si bien el número total de víctimas se cita ampliamente, el desglose preciso sigue sin estar claro: recuentos independientes sugieren que hubo aproximadamente 815 civiles (entre ellos 36 niños y 79 extranjeros) y unos 379 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Sin embargo, la atribución de responsabilidad por cada muerte —ya sea causada por combatientes palestinos, fuego cruzado israelí bajo la doctrina Hannibal u otras circunstancias— no ha sido verificada de forma independiente.
Para los palestinos, la brecha destrozó la ilusión de invencibilidad israelí y volvió a situar a Gaza en el centro del discurso global. Demostró que, incluso bajo asedio, las facciones palestinas podían perturbar una de las fronteras tecnológicamente más fortificadas del mundo. La operación obligó a los observadores internacionales a confrontar la asimetría de poder y la persistencia de la resistencia palestina.
Israel respondió con una fuerza abrumadora. La Fuerza Aérea bombardeó barrios residenciales, campos de refugiados y lo que describió como centros de mando de Hamás, afirmaciones que posteriormente fueron desacreditadas, ya que no se encontró dicha infraestructura militar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) invadieron el norte de Gaza e impusieron un asedio total, cortando la electricidad, el combustible, los alimentos y el agua. Unidades cibernéticas interrumpieron las comunicaciones, mientras que el Shin Bet y el Mosad coordinaban los asesinatos de líderes de Hamás. Estas acciones buscaban desmantelar la capacidad militar de Hamás y restablecer la disuasión.
La respuesta de Israel profundizó la catástrofe humanitaria e intensificó el escrutinio global sobre la impunidad respaldada por Estados Unidos. Imágenes de desplazamientos masivos y hospitales destruidos alimentaron protestas internacionales y demandas judiciales. Si bien Israel logró avances tácticos a corto plazo, enfrentó a un creciente coste en términos de reputación y a renovados reclamos de rendición de cuentas.
Mientras tanto, la sociedad civil palestina respondió con funerales masivos, documentación de crímenes de guerra y campañas digitales que replantearon la narrativa. Artistas, periodistas y defensores legales amplificaron los testimonios y cuestionaron la caracterización del conflicto como simétrica. La irrupción del 7 de octubre marcó no solo una ruptura militar, sino también discursiva, donde los límites de la impunidad israelí y la resistencia palestina chocaron en la escena global.
3. Demandas y reveses paralelos (7 de octubre de 2023–12 de octubre de 2025)
Si la evolución de la resistencia palestina —de las piedras a los drones— marcó el colapso de la disuasión israelí, tras el 7 de octubre la lucha se trasladó a las salas de negociación, donde las demandas de reconocimiento y retorno chocaron con las condiciones previas y los reveses estratégicos israelíes. Incluso los propios negociadores palestinos se convirtieron en blanco de intentos de asesinato, lo que puso de manifiesto lo peligroso y frágil que se había vuelto el proceso. Cada fase se desarrolló como un duelo de afirmaciones: los llamados palestinos a la liberación se toparon con las demandas israelíes de sumisión, y cada concesión aparente se disolvió bajo el peso de los reveses.
Fase 1: Impacto y afirmación (octubre-diciembre de 2023)
Hamás exigió el cese inmediato de las operaciones militares israelíes, el levantamiento del bloqueo de Gaza y la liberación de miles de prisioneros palestinos. La sociedad civil amplificó estas demandas mediante peticiones legales, expedientes de crímenes de guerra y campañas de testimonios masivos.
Israel respondió con una fuerza abrumadora: bombardeó Gaza, invadió sectores del norte y extendió sus operaciones al Líbano, Siria y Yemen. Su contrademanda fue categórica: el retorno incondicional de los cautivos israelíes y el desmantelamiento total de Hamás.
Fase 2: Consolidación estratégica e internacionalización (enero-diciembre de 2024)
Hamás se reorganizó, avanzando en propuestas de negociación por fases centradas en corredores humanitarios e intercambio de prisioneros. Entró en conversaciones indirectas con la mediación de Egipto, Qatar y Turquía.
Israel se atrincheró en posturas maximalistas: reocupó zonas estratégicas, violó los términos del alto el fuego y promulgó leyes que criminalizaban la disidencia. Las operaciones cibernéticas atacaron las comunicaciones palestinas, extendiendo el campo de batalla a la esfera digital.
Fase 3: Agotamiento y concesiones tácticas (enero-octubre de 2025)
Hamás aceptó un acuerdo negociado por Estados Unidos para el desarme gradual, la supervisión de la ayuda internacional y el intercambio de prisioneros. La sociedad civil profundizó su papel, documentando las violaciones y reformulando las narrativas palestinas en foros internacionales.
Israel firmó el alto el fuego, pero inmediatamente lo subvirtió: volvió a detener a los prisioneros palestinos liberados, reanudó los ataques aéreos en el Líbano y utilizó el cumplimiento táctico como cobertura para dar marcha atrás en su estrategia.
4. Terreno legal: Grietas en el escudo
Si el ciclo de demandas y revocaciones reveló la fragilidad de los altos el fuego, el terreno legal expone la falla más profunda: su aplicación. El alto el fuego negociado por Trump fue anunciado como un avance estabilizador, pero su credibilidad depende de una pregunta que ensombrece todas las treguas entre israelíes y palestinos: ¿qué implica la impunidad israelí para la ley en sí misma?
El largo historial de Israel de violaciones del derecho internacional bajo la protección de Estados Unidos se enfrenta ahora a un escrutinio sin precedentes. Las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y Gallant marcan una ruptura simbólica, pero el simbolismo por sí solo no puede obligar al cumplimiento. Sin mecanismos vinculantes de aplicación, el alto el fuego se sustenta sobre un terreno frágil, y la historia de Israel pone en duda su intención de respetar los términos del acuerdo.
A las 24 horas del alto el fuego de octubre de 2025, Israel reanudó los ataques aéreos sobre Gaza, bloqueó el acceso de la UNRWA y suspendió los servicios básicos. En Cisjordania, Israel está arrestando nuevamente a prisioneros palestinos previamente liberados, violando así los términos del intercambio previsto.
Estas infracciones no son anomalías, sino sistémicas. El ejército israelí describe abiertamente los ataques durante el alto el fuego en el Líbano como «logros operativos», alardeando de degradar la infraestructura de Hezbolá durante una supuesta calma. En Gaza, se niega a comprometerse por escrito a no reanudar las hostilidades, lo que deja toda tregua vulnerable a una escalada unilateral.
Las implicaciones legales son cada vez mayores. Grupos de la sociedad civil, organismos jurídicos internacionales y gobiernos regionales documentan violaciones, presentan denuncias y exigen rendición de cuentas. El alcance jurisdiccional de la CPI se está ampliando, y las peticiones de sanciones, antes consideradas marginales, están entrando en los principales debates políticos. El silencio de la administración Trump sobre estas violaciones expone aún más la fragilidad de la aplicación del alto el fuego cuando la impunidad está estructuralmente arraigada.
Este es el terreno del ajuste de cuentas. La impunidad israelí ya no es absoluta, y la resistencia palestina ya no se presenta como una disrupción; sino que se reconoce cada vez más como una reivindicación. El alto el fuego negociado por Trump puede tambalearse, pero la arquitectura de la rendición de cuentas se está construyendo: cláusula a cláusula, testimonio a testimonio, incumplimiento a incumplimiento.
5. Conclusión: No es una resolución, sino un rechazo
Las grietas en el escudo legal de Israel se reflejan en las fracturas de su escudo discursivo. Cada presentación, cada orden judicial, cada cláusula se ve ensombrecida por una disputa mayor: sobre la memoria, sobre la narrativa, sobre quién define la legitimidad. La ley por sí sola no puede contener la lucha. Lo que sigue no es solo una batalla legal, sino una ruptura cultural y política, en la que el testimonio se convierte en arma, la narrativa en terreno y la negativa insiste en ser escuchada.
El rechazo palestino es infraestructural, legal y se manifiesta a través del discurso—a través del discurso— en ensayos, poesía, consignas, historias orales, medios de comunicación y lenguaje cotidiano que afirman la identidad, la memoria y la resistencia. Perdura en los testimonios presentados ante la CPI, en los presos arrestados de nuevo, cuyos nombres reaparecen en muros y cánticos, y en la negativa de las familias a evacuar las casas marcadas para su demolición. Es la insistencia en que sobrevivir no es rendirse, y que la reconstrucción sin reconocimiento es otra forma de borrado.
La aceptación del alto el fuego por parte de Hamás y sus facciones aliadas es un acuerdo para detener el fuego, intercambiar prisioneros y permitir el acceso humanitario bajo presión internacional. No es un acuerdo para entregar las armas, disolver la resistencia ni abandonar la demanda de soberanía y retorno. Estas cuestiones se aplazaron explícitamente, y la insistencia insatisfecha de Israel en el desarme subraya que lo aceptado fue táctico, mientras que lo rechazado fue existencial.
El plan de Trump, al igual que Oslo antes, ofrece una fragmentación controlada: comités de transición, ayuda condicional y ambigüedad estratégica. Pero la respuesta palestina —a lo largo de generaciones y geografías— ha dejado claro que la contención no será confundida con la resolución. El alto el fuego puede detener los misiles, pero no puede detener la memoria, ni la exigencia de retorno, dignidad y rendición de cuentas.
Este momento conlleva el peso de la negativa acumulada. No es el fin de la guerra ni el comienzo de la paz. Es el umbral donde se nombra la impunidad, se replantea la resistencia y la arquitectura del silencio comienza a resquebrajarse. Lo que venga después no se decidirá solo en las cámaras diplomáticas, sino en los espacios donde convergen el testimonio, la ley y la memoria, y donde la negativa se convierte en la gramática de la justicia.
Rima Najjar es una palestina cuya familia paterna proviene de Lifta, una aldea despoblada a la fuerza, en las afueras occidentales de Jerusalén, y su familia materna es de Ijzim, al sur de Haifa. Es activista, investigadora y profesora jubilada de literatura inglesa en la Universidad Al-Quds, Cisjordania ocupada.