La destrucción sistemática del sistema educativo en Gaza —universidades, escuelas, bibliotecas, archivos, docentes y estudiantes— ha obligado a la academia estadounidense a enfrentarse a una verdad que durante años evitó nombrar. El reconocimiento del escolasticidio por parte de asociaciones académicas marca una ruptura histórica con el mito de la neutralidad, y expone una crisis profunda de legitimidad: ¿puede la academia seguir reclamando la defensa del conocimiento mientras guarda silencio ante su aniquilación en Palestina?
Las respuestas a estas preguntas —sobre la complicidad, los silencios y las rupturas dentro de la academia estadounidense frente a la destrucción del sistema educativo en Gaza— no se encuentran en declaraciones institucionales ni en gestos simbólicos, sino en el análisis riguroso de los procesos que han llevado a este punto de quiebre. En este artículo, la investigadora y activista palestina Rima Najjar traza el hilo histórico y político que conecta el boicot académico de 2013 con el actual reconocimiento del escolasticidio en Gaza, desmontando el mito de la neutralidad académica y exponiendo la crisis de legitimidad que atraviesa a las instituciones del saber cuando el conocimiento es atacado como arma de guerra.
El análisis que sigue se inscribe en un debate real y reciente dentro de la academia estadounidense. En enero de 2025, los miembros de la American Historical Association (AHA) aprobaron por una amplia mayoría una resolución que condenaba el escolasticidio en Gaza —la destrucción sistemática de escuelas, universidades, bibliotecas y archivos—, exigía un alto el fuego permanente y llamaba a la reconstrucción del sistema educativo palestino. Sin embargo, pese al respaldo democrático de sus miembros, el Consejo Ejecutivo de la AHA bloqueó posteriormente la resolución, desatando una fuerte crisis interna y un debate público sobre la neutralidad, la censura y la complicidad institucional frente a la aniquilación del conocimiento en Palestina.
El escolasticidio en Gaza: el ajuste de cuentas de la Asociación Histórica Estadounidense con la academia estadounidense
Rima Najjar
La resolución aprobada por la Asociación Histórica Estadounidense en Chicago, en enero de este año, cayó con el peso de la historia. Los historiadores —quienes comprenden profundamente lo que significa la desaparición de los archivos— reconocieron finalmente que la destrucción del sistema de conocimiento de Gaza —sus universidades, académicos, estudiantes, libros, registros y memoria— ha impuesto un ajuste de cuentas que ya no puede seguir postergándose. Aunque Israel sostiene que esta destrucción responde al ataque a infraestructuras de Hamás supuestamente integradas en zonas civiles, la escala y el patrón de los ataques contra espacios educativos apuntan a una agresión mucho más amplia contra la vida intelectual palestina.
Este momento marca la culminación de una transformación larga y desigual en la forma en que la academia entiende su propia libertad, responsabilidad y límites. Al mismo tiempo, rompe el mito de la neutralidad que durante décadas ha regido la vida profesional universitaria.
El trayecto desde la votación histórica de la ASA en 2013 hasta hoy no ha sido lineal. Es una historia de rupturas, represalias, silencios y, finalmente, de una atrocidad de tal magnitud —documentada por la UNESCO como la casi total aniquilación de la infraestructura educativa de Gaza— que ha dejado al descubierto la fragilidad de los mecanismos diseñados para contener la disidencia académica en torno a Palestina. Lo que está en juego es una crisis de legitimidad de la propia profesión académica: ¿puede seguir proclamándose guardiana del conocimiento mientras se niega a nombrar y denunciar a quienes lo están destruyendo en Gaza?
La primera ruptura: el boicot de la ASA en 2013 y el precio de la disidencia
En diciembre de 2013, la Asociación de Estudios Americanos cruzó una línea que la academia estadounidense había sido entrenada durante décadas para no cruzar. En la mayor votación de su historia, sus miembros aprobaron un boicot a las instituciones académicas israelíes con un 66 % de apoyo. El Consejo Nacional de la ASA fundamentó la decisión en un marco ético claro: “las violaciones de Israel del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU; el impacto documentado de la ocupación israelí sobre los académicos y estudiantes palestinos; y el grado en que las instituciones israelíes de educación superior son parte de políticas estatales que violan los derechos humanos”. La resolución concluía que “no existe una libertad académica efectiva ni sustantiva para estudiantes y académicos palestinos bajo condiciones de ocupación israelí”.
Los críticos, encabezados por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, acusaron al boicot de violar la libertad académica al castigar colectivamente a los académicos israelíes, independientemente de sus posiciones individuales. El entonces presidente de la ASA, Curtis Marez, rechazó ese enfoque, afirmando que el boicot era, en realidad, “la mejor manera de proteger y ampliar la libertad académica y el acceso a la educación”. Aquella votación abrió una grieta en las reglas no escritas de la academia sobre lo que podía y no podía decirse respecto a la eliminación del conocimiento palestino y las instituciones que la sostienen.
La reacción fue inmediata y brutal. Más de 200 rectores universitarios y grandes organismos académicos condenaron públicamente a la ASA. Las campañas mediáticas amplificaron la indignación. Organizaciones proisraelíes movilizaron a donantes. Cuatro universidades retiraron su membresía institucional. Los miembros de la ASA fueron, en palabras de Marez, “destrozados en la prensa” y sometidos a “correos electrónicos y llamadas telefónicas amenazantes”. A partir de 2014, organizaciones externas impulsaron demandas judiciales destinadas a arruinar financieramente a la ASA e intimidar a su dirección: un experimento temprano y decisivo de lawfare académico. Sunaina Maira, miembro del Consejo Nacional, fue señalada personalmente en una prolongada campaña legal.
El efecto disuasorio fue profundo y deliberado. Informes de la Asociación de Estudios de Oriente Medio documentaron la caída de oportunidades de financiación y el endurecimiento de los procesos de evaluación de permanencia para quienes trabajaban temas relacionados con Palestina, afectando especialmente al profesorado joven. Palestina se convirtió en un terreno profesionalmente tóxico, en una especie de prueba informal de lealtad incrustada en la universidad. El mensaje era inequívoco: esta línea de investigación se pagaría con aislamiento, daño profesional y hostigamiento legal. El castigo ejemplar era el objetivo.
Esta presión se sostuvo mediante una densa alianza entre organizaciones políticas externas, administraciones universitarias, donantes y plataformas mediáticas. Grupos de presión proisraelíes como StandWithUs y la AMCHA Initiative coordinaron campañas de difamación y demandas selectivas. Rectores y consejos universitarios, temerosos del riesgo institucional, condenaron públicamente el boicot mientras, en privado, señalaban que la investigación sobre Palestina constituía un peligro. Grandes donantes amenazaron con retirar financiación a departamentos, docentes y universidades enteras.
Durante una década, este régimen de disciplinamiento funcionó en gran medida.
La segunda ruptura: Gaza y la era del escolasticidio
Luego llegó Gaza.
Lo que se ha desplegado es la aniquilación sistemática de un sistema educativo entero, lo que académicos han denominado con precisión escolasticidio. La UNESCO y otros organismos de seguimiento informan que el 95 % de los campus de educación superior de Gaza han sido dañados, y que 22 de los 38 han sido completamente destruidos. Las autoridades israelíes atribuyen gran parte de esta devastación a operaciones militares contra Hamás, alegando el uso de infraestructuras civiles como escudos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, sostienen que el patrón revela una destrucción desproporcionada y deliberada.
Expertos de la ONU, entre ellos la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, describen una erradicación casi total: más del 90 % de las escuelas inutilizadas, todas las universidades arrasadas y archivos históricos de más de 150 años destruidos. De los 206 edificios universitarios evaluados, 195 han sido destruidos o gravemente dañados. Han desaparecido 620 laboratorios especializados. Se han perdido aproximadamente 120.000 ordenadores y servidores.
El coste humano es catastrófico. Más de 1.112 trabajadores universitarios —más de una quinta parte del personal académico de Gaza— han sido asesinados, detenidos o heridos. En los niveles primario y secundario, más del 97 % de las escuelas han sido dañadas o destruidas. El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos documenta el asesinato selectivo de más de 100 académicos.
En aulas improvisadas bajo tiendas de campaña, niños y niñas estudian sin libros, cuadernos ni electricidad. Una madre en Ciudad de Gaza dijo: “Mi hijo no puede leer. No puede escribir… Algunos niños han retrocedido cuatro años”. Esta es la realidad material del escolasticidio: la ruptura de la continuidad generacional misma.
La escala y visibilidad de esta destrucción han fracturado el régimen de disciplinamiento posterior a 2013. Los viejos mecanismos —dilaciones procedimentales, apelaciones a la neutralidad, retóricas de “ambas partes”— ya no parecen prudentes, sino obscenos frente a universidades reducidas a escombros y profesores asesinados. El silencio se ha convertido, en sí mismo, en un acto político.
El ajuste de cuentas: la votación de la AHA y la crisis de legitimidad institucional
Este choque entre una destrucción sin precedentes y la cautela institucional arraigada alcanzó un punto de ruptura en la reunión anual de la Asociación Histórica Estadounidense en enero de 2026. En una sesión abarrotada y cargada de tensión, los miembros votaron por 428 votos contra 88 para condenar el escolasticidio en Gaza, exigir un alto el fuego permanente y crear un comité de reconstrucción.
El historiador palestino Abdel Razzaq Takriti enmarcó la votación como una obligación profesional, detallando la devastación: “195 docentes y trabajadores asesinados… la destrucción de todas las instituciones de educación superior… la incineración de 250.000 volúmenes de bibliotecas y 16.000 tesis doctorales”. La sala estalló en consignas de “Free, free Palestine”.
Luego llegó el veto.
El Consejo Ejecutivo de la AHA, compuesto por 16 miembros, se negó a trasladar las resoluciones al conjunto de los 11.000 miembros de la asociación, alegando riesgos institucionales y afirmando que las resoluciones excedían la misión de la organización.
El historiador Van Gosse calificó la decisión como “complicidad institucional”. Karen Miller la describió como “obediencia anticipada”. El Grupo de Historiadores Palestinos acusó al Consejo de “complicidad en la negación del genocidio”. Rebecca Karl señaló que el Consejo incluso eliminó de su sitio web el registro de la abrumadora votación, un acto que calificó de “más que escandaloso” para una organización dedicada al registro histórico.
No era la primera vez. En 2025, el Consejo había bloqueado una resolución casi idéntica por 11 votos contra 4, alegando límites constitucionales. El resultado fue un colapso de la confianza y una crisis pública de legitimidad.
Margaret Power resumió la contradicción con claridad: la negativa de la AHA contrastaba “de manera flagrante” con su disposición a condenar violaciones de la libertad académica en otros países. La asociación reaccionó con rapidez ante la invasión rusa de Ucrania. Gaza, en cambio, siguió sometida a lo que muchos denominan ya la “excepción palestina”.
Conflictos paralelos se desarrollaron en otras asociaciones, incluida la Asociación de Lenguas Modernas, donde resoluciones sobre Gaza enfrentaron obstrucciones procedimentales pese al apoyo mayoritario.
El giro: de la disidencia aislada a la recuperación colectiva
Aunque la represión se ha intensificado desde 2013, su eficacia se ha erosionado. La reacción ahora apunta a colectivos —campamentos estudiantiles, sindicatos, departamentos enteros— pero también ha generado un nuevo movimiento interno de resistencia.
El veto de la AHA desencadenó una insurgencia democrática. Historiadores por la Paz y la Democracia organizaron una petición firmada por más de 1.800 miembros exigiendo la reversión de la decisión. Ante la negativa del Consejo, impulsaron una candidatura alternativa para los cargos directivos frente a los aspirantes respaldados por el establishment, entre ellos trece expresidentes. Cuatro de sus seis candidatos resultaron elegidos.
Poco después, la Organización de Historiadores Estadounidenses aprobó una resolución similar sobre Gaza y creó un comité de reconstrucción, mostrando modelos divergentes de responsabilidad profesional. En toda la academia se observan cambios semejantes. Asociaciones de estudios de Oriente Medio, Sociología, Estudios Latinx y Bibliotecología han emitido declaraciones condenando la destrucción del sistema educativo de Gaza. Bibliotecarios y archiveros están preservando digitalmente el patrimonio cultural gazatí. Juristas desafían nuevos códigos de censura. Estudiantes construyen redes transnacionales de solidaridad.
Lo que estamos presenciando es la construcción de contra-instituciones: un intento de recuperar el núcleo moral de la academia desde el interior de su propia estructura burocrática.
Conclusión: el futuro decidido entre las ruinas
La contradicción expuesta por la ASA en 2013 se ha vuelto insostenible tras Gaza. Cuando la educación misma es reducida a escombros, la libertad académica deja de ser un principio abstracto debatido en comités. Se convierte en el derecho de un niño a un cuaderno, de un estudiante a un aula, de un pueblo a su propia historia.
La crisis de la AHA —la votación, el veto, las elecciones insurgentes— refleja la lucha de la profesión por su propia legitimidad. El viejo régimen de neutralidad administrada se está erosionando. Está emergiendo un nuevo orden ético, construido por académicos y estudiantes que se niegan a permitir que el conocimiento sea borrado.
Palestina se ha convertido en el lugar donde se redefine la libertad académica, porque es donde el ataque al conocimiento es más total. El futuro de la integridad académica se está decidiendo en el reconocimiento de que el conocimiento bajo ataque no puede ser defendido mediante el silencio.
Las ruinas de las universidades de Gaza son hoy el punto cero de ese ajuste de cuentas.
No hay vuelta atrás.
📄 Artículo original en inglés:
Scholasticide in Gaza: The American Historical Association’s Reckoning for American Academia
📄 Traducción al castellano:
Traducción realizada por Alkarama para su difusión en español.
Nota de autora
Rima Najjar es palestina. La familia de su padre procede de la aldea de Lifta, despoblada por la fuerza en las afueras occidentales de Jerusalén, y la de su madre de Ijzim, al sur de Haifa. Es activista, investigadora y profesora jubilada de Literatura Inglesa en la Universidad Al-Quds, en Cisjordania ocupada.