Rima Najjar
Cómo procesa Israel el robo
Mi collage de apertura congela un instante en la maquinaria acelerada de la anexión israelí de Cisjordania: un tableau grotesco en el que una falsa sacralidad religiosa, el poder ministerial corrupto y la brutalidad militar en estado puro se funden en un asalto unificado. Las imágenes, basadas en fotografías publicadas por Ohad Zwigenberg de AP el 19 de enero de 2026, son una destilación perfecta de la impunidad. Muestran al ministro de Finanzas de Israel entrando en un puesto de asentamiento recientemente “legalizado”, mientras un rabino fija una mezuzá en la puerta —bendiciendo el saqueo eterno— y soldados israelíes imponen el control armado sobre tierras que dominan la ciudad palestina de Beit Sahour. En un solo encuadre, Israel “regula” el despojo palestino mediante estructuras legales que desafían de forma descarada el derecho internacional, volviendo el robo rutinario y legítimo para sus propias instituciones, su vanguardia colonizadora y sus habilitadores internacionales.
Mientras la atención del mundo sigue cautiva de la devastadora catástrofe humanitaria en Gaza, una crisis más silenciosa pero igualmente transformadora está llegando a su punto culminante en Cisjordania. Allí, Israel está afianzando rápidamente un régimen permanente y desigual mediante una anexión de facto acelerada, transformando físicamente el territorio a una velocidad alarmante. Decisiones gubernamentales recientes, tomadas en febrero de 2026, formalizan esta aceleración: la derogación de leyes jordanas vigentes desde hace décadas que prohibían la venta directa de tierras a judíos; la apertura de los registros de tierras para facilitar su apropiación; y la transferencia de competencias de planificación, construcción y aplicación de la ley (incluidas áreas de Hebrón y partes de las Áreas A y B) desde instancias palestinas al control israelí. Medidas que el Secretario General de la ONU ha condenado como ilegales y profundamente corrosivas de cualquier vía hacia una solución de dos Estados, ya largamente clausurada por las propias acciones de Israel y por los hechos consumados sobre el terreno. Esta disparidad brutal plantea una pregunta crítica: ¿puede la comunidad internacional, que ha desplegado una presión sin precedentes en relación con Gaza, reunir una fuerza comparable para frenar la anexión de Cisjordania?
Un hito jurídico ha proporcionado a la comunidad internacional su herramienta más poderosa hasta la fecha. El 19 de julio de 2024 , la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la presencia continua de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, afirmando que Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza constituyen una sola unidad territorial que debe preservarse como tal. Fundamentalmente, concluyó que todos los Estados tienen el deber de no reconocer la situación como legítima y de abstenerse de ayudarla o asistirla, transformando así una prolongada disputa política en una obligación jurídica concreta y multilateral en virtud del derecho internacional.
Este fundamento fue reforzado poderosamente en la posterior Opinión Consultiva de la CIJ del 22 de octubre de 2025. En respuesta a la obstrucción de la ayuda humanitaria por parte de Israel —incluidos los bloqueos prolongados de la ayuda y las restricciones a la UNRWA—, la Corte reafirmó por unanimidad que las obligaciones de Israel como potencia ocupante aumentan «en proporción con el grado de su control efectivo» , un control que, según encontró, había «aumentado significativamente» desde octubre de 2023 mediante la autoridad retenida sobre las fronteras, el espacio aéreo, los impuestos y la intensificación de la influencia militar. Dictaminó que Israel debe garantizar que la población reciba lo esencial, facilitar la ayuda humanitaria sin impedimentos y cooperar plenamente con las agencias de la ONU. Aplicando una prueba funcional de «control efectivo» , la Opinión concluyó que el derecho de la ocupación sigue siendo continuamente aplicable a Gaza, lo que consolida un principio jurídico crucial: el estatus de Israel como potencia ocupante —y los deberes concomitantes de todos los demás estados— persiste en todo el Territorio Palestino Ocupado.
Así, el rayo de esperanza es angustiosamente estrecho. No reside en un derecho nuevo, sino en un mecanismo de ejecución recientemente activado y específico para los Estados terceros. El giro no está en lo que está prohibido —la anexión siempre ha sido ilegal—, sino en quiénes están ahora formalmente obligados a actuar contra ella y cuáles deben ser esas acciones. La CIJ ha proporcionado una “palanca jurídica”.
Esta palanca habilita la acción en tres frentes concretos, derivados de las opiniones del Tribunal y de las resoluciones de seguimiento de la ONU:
Aislamiento jurídico y diplomático: La opinión de 2024 obliga a los Estados a revisar y cortar los vínculos que reconozcan la soberanía israelí en los territorios ocupados, incluidos los acuerdos comerciales, la práctica diplomática y cualquier medida que no distinga entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado.
Presión económica y corporativa: El deber de no asistencia ofrece fundamento para imponer sanciones a entidades vinculadas a los asentamientos, establecer un etiquetado diferenciado obligatorio de los productos provenientes de asentamientos y emitir orientaciones públicas que adviertan a las empresas sobre los riesgos legales y reputacionales de involucrarse en actividades que sostienen la situación ilícita.
Rendición de cuentas y aplicación en materia de ayuda: La opinión de 2025 otorga a los Estados un mandato jurídico firme para exigir que Israel permita un acceso humanitario sin trabas, facilite la asistencia sin impedimentos (incluida la canalizada a través de organismos de la ONU como la UNRWA) y rinda cuentas por las violaciones, respaldando acciones ante la Corte Penal Internacional y otros tribunales.
Esta herramienta altera el cálculo coste-beneficio de terceros Estados. Faculta a los parlamentos, tribunales y sociedades civiles nacionales para incrementar este coste internamente, haciendo cada vez más insostenible la complicidad sostenida con la anexión. La cuestión ya no reside en la claridad de la ley, sino en la voluntad política para utilizar el poderoso instrumento jurídico que el máximo tribunal del mundo ha puesto ahora en manos de la comunidad internacional.
Una contraofensiva fragmentada: el incrementalismo deliberado de la acción de terceros Estados
El fallo de la CIJ le dio al mundo una palanca, pero los intentos iniciales de indagar han sido cautelosos y fragmentados. Los Estados están poniendo a prueba la eficacia de la herramienta mediante crecientes impugnaciones legales y políticas, buscando demostrar su cumplimiento del derecho internacional y, al mismo tiempo, evitar una ruptura diplomática a gran escala con Israel y su principal protector, Estados Unidos.
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En Australia (febrero de 2026), coaliciones de la sociedad civil —incluidas Amnistía Internacional Australia, el Consejo Judío de Australia y otras—, junto con legisladores, utilizaron el lenguaje de la CIJ para cuestionar al gobierno durante la visita del presidente Herzog. Presentaron peticiones y denuncias legales, argumentando el protocolo diplomático estándar como posible complicidad en la ocupación ilegal, lo que obligó a la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, a justificarse pública y televisivamente, exponiendo la vulnerabilidad jurídica del gobierno en medio de protestas generalizadas.
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Dentro de la Unión Europea, las sanciones en virtud del Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos se han extendido más allá de los colonos violentos a las entidades que apoyan la infraestructura de los asentamientos. Más significativamente, la propuesta de suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel —promovida por la Comisión Europea en septiembre de 2025— amenaza con aranceles preferenciales sobre miles de millones de euros en comercio, lo que marca una escalada cualitativa que sigue bajo consideración del Consejo.
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En los tribunales nacionales, las demandas contra corporaciones —como las acciones multijurisdiccionales en curso contra las plataformas de viajes Airbnb y Booking.com en Francia, el Reino Unido, Irlanda y otros lugares— buscan establecer un precedente legal crítico: que la actividad comercial en los acuerdos constituye “ayuda o asistencia” procesable, abriendo un nuevo frente de responsabilidad corporativa posterior a las opiniones de la CIJ.
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A través de medidas estatales unilaterales, iniciativas como el proyecto de ley de Territorios Ocupados de Irlanda (revisado en 2025 para prohibir las importaciones de bienes procedentes de los asentamientos) y las exclusiones de inversiones soberanas de Noruega (a través de las desinversiones de su fondo de pensiones impulsadas por la ética) reformulan legalmente el apoyo político a una solución de dos Estados en un deber obligatorio de cortar los lazos económicos con las empresas de los asentamientos.
El mecanismo del retraso político
Sin embargo, este modelo incipiente de presión es canalizado por los Estados más poderosos a través de un cálculo cauteloso, estratégicamente estrecho y deliberadamente lento. Redirigen el deber de “no asistencia a Israel” hacia litigios contra corporaciones individuales y condenas de crisis específicas —acciones que gestionan el riesgo reputacional de los Estados sin poner en peligro la estructura subyacente de la ocupación ni desafiar el escudo geopolítico que la protege—. El incumplimiento del plazo fijado en septiembre de 2025 por la resolución de la Asamblea General de la ONU (ES-10/24), que respaldó la opinión de la CIJ y exigió la retirada de Israel de la presencia ilícita, es el emblema definitivo de esta brecha: existe un consenso sobre el principio jurídico, pero no una voluntad política colectiva para activar sus mecanismos de ejecución más consecuentes.
El freno más significativo es el escudo político explícito que ofrece Estados Unidos. Como principal aliado militar y político de Israel, Estados Unidos ha rechazado tanto la opinión de la CIJ de julio de 2024 como su Opinión Consultiva de octubre de 2025 por considerarlas «no vinculantes» y politizadas, desestimando esta última por «infundada» y por atacar injustamente a Israel, al tiempo que defiende las restricciones a la UNRWA. Washington ha prometido mantener su política de apoyo incondicional a Israel, incluyendo el flujo constante de 3.800 millones de dólares anuales en ayuda militar.
La posición de Estados Unidos neutraliza las herramientas más poderosas del derecho internacional —como un embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU o sanciones coordinadas a nivel estatal— al volverlas políticamente inviables para otros aliados que no están dispuestos a contradecir al principal proveedor de ayuda estadounidense del que dependen.
El retraso, por lo tanto, arrastra una sensación aplastante de déjà vu. Es una dilación administrada: una decisión de usar la palanca de la sentencia de la CIJ para astillar los bordes del entramado de los asentamientos, en lugar de hacerla palanca desde sus cimientos. El plazo incumplido de la ONU es su símbolo; el flujo inalterado de ayuda militar estadounidense es su motor. Esta brecha entre el principio jurídico y la aplicación política es el espacio en el que la anexión avanza y donde los esfuerzos activistas, aunque cada vez más potentes, son sistemáticamente superados por la aceleración de los hechos consumados de la anexión sobre el terreno.
La última vuelta de la carrera
La fase final es una carrera del siglo XXI entre la Liebre y la Tortuga. La Liebre —la anexión de Israel— corre a toda velocidad, apostando a que los hechos materiales superarán a la voluntad política. Corre para asegurar el botín antes de que la tortuga pueda alcanzarla.
La transformación de Cisjordania que comenzó hace décadas con puestos avanzados y apropiaciones de tierras ahora se ve turboalimentada por las decisiones del gabinete de seguridad del 8 de febrero de 2026: la derogación de las prohibiciones de la era jordana sobre la compra directa de tierras por judíos; la apertura de los registros de tierras para facilitar su confiscación; el traspaso de las competencias de permisos de construcción y de aplicación de la ley (incluidas en Hebrón y sobre lugares sensibles como la Tumba de los Patriarcas) desde las autoridades palestinas al control israelí; y la extensión del alcance administrativo a las Áreas A y B. Smotrich y Katz presentan estas medidas como cuestiones de “seguridad” y de “interés sionista”, pero la carrera de la liebre apunta a asegurar la ocupación misma: profundizar las raíces, sepultar la estatalidad palestina y volver imposible cualquier reversión mediante hechos irreversibles sobre el terreno. Se trata de pasos que el Secretario General de la ONU ha condenado como ilegales y profundamente corrosivos de una vía de dos Estados que Israel lleva décadas haciendo inviable —y que las medidas más recientes ahora entierran definitivamente.
La Tortuga —la comunidad internacional pro Palestina— ahora se mueve con la “palanca legal” de la CIJ en la mano: una herramienta para una presión lenta, constante y acumulativa derivada de las opiniones de 2024 y 2025, que obligan a los estados al no reconocimiento, la no asistencia y la interrupción activa de la empresa de asentamientos. Estos fallos exponen la dinámica real de la lucha: la anexión israelí ha estructurado durante mucho tiempo Cisjordania, y la aceleración actual simplemente agudiza su filo administrativo; la vacilación política de los estados poderosos sostiene el sistema al que dicen oponerse; y la carga legal ahora recae directamente sobre los gobiernos que se presentan como garantes del derecho internacional. La carrera que se desarrolla está determinada por esta tensión: entre un proyecto que corre hacia la permanencia y un marco legal global que requiere que los estados actúen antes de que se cierre la ventana para una aplicación efectiva y significativa.
La palanca existe. La prueba es si la Tortuga la usará con la paciencia implacable y estratégica que exige el momento, antes de que la carrera de la Liebre, autojustificándose por la «seguridad», llegue a la meta.
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Rima Najjar es una palestina cuya familia paterna proviene de Lifta, una aldea despoblada a la fuerza, en las afueras occidentales de Jerusalén, y su familia materna es de Ijzim, al sur de Haifa. Es activista, investigadora y profesora jubilada de literatura inglesa en la Universidad Al-Quds, Cisjordania ocupada.