La ocupación israelí a menudo impone arrestos domiciliarios a personas palestinas como forma de represión política, convirtiendo sus hogares en cárceles y a sus familias en carceleros involuntarios. La periodista palestina Somaya Jawabra lleva más de dos años de arresto domiciliario en el norte de Cisjordania, bajo una orden militar israelí que le prohíbe salir de su casa, usar internet o comunicarse libremente. Su esposo y su suegra han sido obligados a ejercer como “supervisores” de su encierro, bajo amenaza de multas y re-detención.
Este mecanismo de castigo —que combina control, aislamiento y vigilancia— refleja la estrategia sistemática de la ocupación para silenciar las voces palestinas, especialmente las de las mujeres periodistas que denuncian sus crímenes.
En Palestina, incluso el hogar se convierte en una prisión, y la palabra libre en un acto de resistencia.En el norte de Cisjordania, la periodista palestina Somaya Jawabra vive encerrada entre cuatro paredes. Su casa se ha convertido en una prisión impuesta por la ocupación israelí, y su silencio —antes imposible de acallar— ha sido transformado en una obligación judicial. Desde hace más de dos años, Somaya cumple un arresto domiciliario forzoso, víctima de una maquinaria de represión que busca aniquilar la voz libre del periodismo palestino.
El crimen de escribir
Todo comenzó en octubre de 2023, cuando Somaya fue detenida en los últimos días de su embarazo por haber publicado en redes sociales comentarios sobre los acontecimientos del 7 de octubre. Sus publicaciones fueron más tarde eliminadas por la empresa Meta, pero colonos israelíes presentaron una denuncia en su contra, desencadenando una persecución política que la llevó a ser arrestada durante ocho días y posteriormente liberada bajo condiciones inhumanas.
El 12 de noviembre de 2023, Somaya fue puesta en libertad bajo una fianza de 10.000 shekels (unos 3.000 dólares) y garantías adicionales que ascienden a casi 300.000 dólares. Sin embargo, su “liberación” trajo consigo una condena encubierta:
- Arresto domiciliario indefinido.
- Prohibición totalde usar teléfono móvil o conectarse a internet.
- Supervisión obligatoriapor parte de su esposo, el periodista Tariq Youssef, y su suegra.
- Amenaza constantede ser detenida de nuevo y pagar una multa de 50.000 shekels (más de 15.000 dólares) si incumple cualquier condición.
Estas medidas fueron impuestas por orden de un tribunal militar israelí, dentro de un llamado “protocolo judicial” que convierte la casa familiar en una celda y a su esposo en carcelero forzoso.
El silencio impuesto
Desde entonces, Somaya no ha podido salir de casa ni comunicarse con el mundo exterior. Vive bajo estricta vigilancia, privada de los derechos más básicos: acompañar a sus hijos al médico, visitar familiares o incluso jugar con ellos en el patio. Su única conexión con el exterior es una ventana, desde la que observa el mundo que le fue arrebatado por la fuerza.
Su esposo, Tariq Youssef, se ha visto obligado a convertirse en su portavoz:
“La ocupación quiso convertirnos en carceleros dentro de nuestra propia casa”, relata. “Intentaron quebrar nuestra unidad familiar, pero no lo lograron. Resistimos juntos, incluso en el encierro.”
Tariq explica que cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas podría desencadenar una nueva detención de su esposa. “La fiscalía militar nos mantiene bajo amenaza constante. Nos dicen que cualquier error costará miles de shekels y la libertad de Somaya”, añade.
Una represión que atraviesa la vida familiar
El castigo impuesto a Somaya no afecta solo a ella: toda la familia vive encarcelada con ella. El hogar, antes lleno de vida, se ha convertido en un espacio de silencio y vigilancia.
“Somos compañeros en la pena. Las visitas sociales están vacías; Somaya, que era energía y movimiento, hoy queda detrás de nosotros sin que podamos hacer nada por ella”, confiesa Tariq.
La periodista lleva más de dos años sin recibir ningún documento oficial que confirme el fin de su arresto o el cierre de su caso. Aunque los abogados señalan que la ley militar israelí limita el arresto domiciliario a 18 meses, la ocupación ignora sus propias normas y prolonga indefinidamente el castigo, con total impunidad.
La ocupación y la guerra contra el periodismo palestino
El caso de Somaya Jawabra no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de represión sistemática contra los medios palestinos, especialmente contra las periodistas mujeres que narran la verdad del pueblo oprimido.
La criminalización de la palabra libre se ha convertido en un método cotidiano: detenciones arbitrarias, censura digital, interrogatorios, vigilancia y amenazas.En Palestina, informar es resistir, y el simple acto de escribir o hablar con honestidad puede costar la libertad o la vida. El periodismo palestino se ha transformado en un frente de batalla, donde las cámaras, las plumas y las voces enfrentan el fuego del ocupante.
La voz que no pudieron apagar
Pese a las rejas que la rodean, Somaya no ha sido derrotada. Desde su encierro, su historia resuena como un símbolo de dignidad y resistencia frente al intento de deshumanización impuesto por la ocupación. Representa la fuerza de las mujeres palestinas que, incluso en el silencio forzado, mantienen viva la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.
Somaya Jawabra no está sola.
Su silencio forzado es un grito de resistencia que atraviesa los muros del encierro y los límites de la censura. Mientras haya una mujer palestina que se niegue a callar, la palabra seguirá siendo una forma de lucha y de libertad
Desde Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas, hacemos un llamado urgente a los pueblos del mundo, a los movimientos feministas, organizaciones sociales y de derechos humanos a romper el silencio y asumir su responsabilidad histórica frente a la represión sistemática que la ocupación israelí ejerce sobre las mujeres palestinas.
La historia de la periodista Somaya Jawabra, convertida por la ocupación en prisionera dentro de su propio hogar, revela una política deliberada que usa el cuerpo, la voz y la vida de las mujeres palestinas como territorio de control y castigo.
Su encierro es el reflejo de un sistema colonial que busca silenciar la palabra palestina y quebrar la resistencia a través del aislamiento, la censura y la violencia cotidiana.El arresto de la periodista Somaya Jawabra, no es un caso aislado. Forma parte de una política colonial sostenida, que busca castigar, controlar y quebrar la vida palestina en todas sus formas. Israel impone arrestos domiciliarios, detenciones arbitrarias y castigos colectivos, no solo contra mujeres periodistas y activistas, sino también contra niñas y niños palestinos, sometidos desde la infancia al miedo, la vigilancia y la humillación.
El hogar, espacio de refugio y cuidado, se transforma así en una extensión del sistema carcelario israelí: muros, cámaras, toques de queda y silencios impuestos.
El cuerpo de las mujeres, la infancia y la familia palestina se convierten en territorios de ocupación, donde el castigo pretende sustituir a la dignidad y la obediencia a la resistencia.Por ello, no apelamos a la conciencia del ocupante, sino a la fuerza de los pueblos:
- Que los movimientos feministas, sindicatos, colectivos y organizaciones populares exijan a sus gobiernos romper toda relación política, económica, diplomática y militar con el régimen israelí.
- Que los Estados cómplices del genocidio sean denunciados públicamente y enfrentados por sus pueblos hasta que rinda cuentas por sus crímenes.
- Que la solidaridad feminista internacional se exprese en acción concreta, boicot, presión y desobediencia frente a quienes legitiman la opresión del pueblo palestino.
Desde Palestina afirmamos que no hay feminismo posible bajo el apartheid.
El silencio y la neutralidad son complicidad.
Hoy, las mujeres palestinas llaman al mundo a levantarse, a transformar la indignación en acción y la palabra en fuerza organizada.Hasta que Palestina sea libre, ninguna de nosotras será verdaderamente libre.
