Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas condena la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir a activistas y referentes palestinos en sus denominadas “listas de terrorismo”, denunciando una nueva escalada de criminalización contra quienes defienden la causa palestina y luchan contra el genocidio, el bloqueo y la ocupación sionista
Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas condena la inclusión de activistas palestinos en las “listas de terrorismo” de Estados Unidos
Desde Alkarama – Movimiento de Mujeres Palestinas condenamos enérgicamente la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir en sus denominadas “listas de terrorismo” a referentes y activistas palestinos vinculados a la solidaridad internacional con Palestina, entre ellos Jaldía Abubakra y Mohammed Khatib, de la Red de Solidaridad con las Presas y los Presos Palestinos Samidoun; Saif Abu Keshek, de la Flotilla Global Sumud; e Hisham Abu Mahfouz, de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, así como a activistas egipcios comprometidos con la lucha contra el bloqueo impuesto a Gaza.
El uso de sanciones económicas y financieras por parte del gobierno estadounidense no constituye una práctica nueva. Históricamente, estas medidas han sido utilizadas como herramientas de presión política contra pueblos, organizaciones y movimientos que desafían los intereses geopolíticos de Washington y sus aliados. En este caso, las sanciones contra activistas y organizaciones palestinas forman parte de una ofensiva más amplia destinada a criminalizar la solidaridad internacional y perseguir toda forma de resistencia frente a la ocupación, el colonialismo y el apartheid sionista.
Estas acciones reflejan hasta qué punto los mecanismos de poder financiero y político global son utilizados para intentar definir qué luchas son consideradas legítimas y cuáles deben ser silenciadas. La causa palestina se ha convertido para millones de personas en todo el mundo en un símbolo de resistencia frente al colonialismo, la impunidad y las estructuras prolongadas de dominación, así como en una bandera de defensa de la justicia internacional y del derecho de los pueblos a resistir y autodeterminarse.
Al mismo tiempo, el crecimiento de las movilizaciones internacionales, las protestas estudiantiles y el debate público en universidades europeas y estadounidenses ha marcado un cambio profundo en la visibilidad global de Palestina. Cada vez más sectores sociales, especialmente jóvenes, cuestionan los marcos tradicionales de interpretación y denuncian abiertamente el carácter genocida, colonial y racista del proyecto sionista, así como la complicidad de las potencias occidentales en los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
Ante este avance de la conciencia internacional, gobiernos occidentales, organizaciones proisraelíes y distintos actores políticos han intensificado las campañas de criminalización, represión y difamación contra quienes apoyan a Palestina. Desde detenciones arbitrarias y persecución judicial hasta campañas mediáticas de descrédito, el objetivo es claro: sembrar miedo, aislar a los movimientos solidarios y desalentar la movilización popular.
Todo ello evidencia un profundo doble rasero. Mientras Estados Unidos presenta estas sanciones como instrumentos de “seguridad” o “política exterior”, continúa siendo uno de los principales sostenes políticos, diplomáticos, económicos y militares de la entidad sionista. Esto ocurre incluso cuando organismos internacionales, expertos en derechos humanos y amplios sectores de la comunidad internacional denuncian genocidio, castigos colectivos, ocupación prolongada y destrucción masiva de infraestructura civil en Gaza y Cisjordania.
La cuestión palestina trasciende hoy el marco de un conflicto territorial o regional. Se trata también de una lucha por la libertad política, el derecho a la protesta, la legitimidad de la solidaridad internacional y la defensa de quienes se enfrentan a sistemas de opresión y colonialismo.
Frente a estas sanciones, afirmamos categóricamente que ni las amenazas ni las medidas coercitivas lograrán quebrar la voluntad de quienes luchan por la justicia, la libertad y los derechos del pueblo palestino. La solidaridad internacional no es un crimen: es un deber político, humano y moral frente al genocidio, la ocupación y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.
“La solidaridad internacional no es un crimen: es un deber político, humano y moral frente al genocidio, la ocupación y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.”
Hacemos un llamado a los pueblos del mundo, a las organizaciones sociales, movimientos populares, sindicatos, colectivos feministas y espacios de derechos humanos a mantenerse alertas y unidos frente a esta escalada de criminalización. Es necesario fortalecer los lazos de solidaridad, ampliar la movilización internacional y continuar visibilizando la lucha palestina en todos los espacios posibles.
Solo mediante la resistencia colectiva, la organización y la solidaridad internacional será posible avanzar hacia un mundo donde la dignidad, la justicia y la autodeterminación de los pueblos prevalezcan sobre la impunidad, el colonialismo y la represión.