En el Día del Niño Palestino, la infancia bajo ocupación vuelve a quedar expuesta como objetivo directo de la maquinaria represiva sionista. Cientos de menores palestinos —incluido un bebé nacido en prisión— permanecen encarcelados, sometidos a tortura, hambre y abandono médico, en el marco de una política sistemática que criminaliza la niñez y busca quebrar desde la raíz la voluntad de resistencia de todo un pueblo.
En el Día del Niño Palestino, el Centro Palestina de Estudios de los Prisioneros ha hecho público un informe que expone la magnitud de los crímenes sistemáticos cometidos contra la infancia palestina en las cárceles de la ocupación. El documento denuncia que los menores detenidos son víctimas directas de una política organizada de represión, impulsada por el gobierno sionista, que incluye tortura, hambre forzada y negligencia médica.
Según el informe, actualmente 350 niños y niñas palestinos permanecen encarcelados, sometidos a condiciones inhumanas y privados de sus derechos más básicos. Entre ellos, 159 han sido condenados, 90 se encuentran bajo detención administrativa sin cargos —incluida una niña—, y el resto permanece en prisión preventiva a la espera de juicio. Los menores están recluidos principalmente en las prisiones de Megido y Ofer. El caso más extremo es el de un bebé de apenas siete meses, nacido en prisión en septiembre de 2025, hijo de la prisionera Tahaní Samhan.
El Centro señala que la detención de menores no es un fenómeno aislado, sino una práctica sistemática que se remonta a 1967, con más de 55.500 casos documentados. Desde el 7 de octubre de 2023, esta política se ha intensificado de forma alarmante, con más de 1.650 detenciones de menores, incluidos niños de menos de diez años. En este periodo, la represión ha alcanzado niveles sin precedentes, llegando incluso a provocar la muerte de menores dentro de prisión.
El informe subraya que todos los niños detenidos han sido sometidos a algún tipo de tortura física o psicológica, incluso en casos de detenciones de corta duración. Estas prácticas comienzan desde el momento del arresto, a menudo mediante incursiones nocturnas en sus hogares, donde son golpeados delante de sus familias antes de ser trasladados a centros de interrogatorio que carecen de condiciones mínimas de salubridad y en los que se enfrentan a abusos sistemáticos.
Asimismo, la ocupación continúa violando de manera flagrante el derecho internacional, ignorando los convenios que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra menores, considerados crímenes de guerra. Lejos de cesar, estas prácticas se han reforzado mediante la aprobación de leyes que facilitan la detención, el enjuiciamiento y el endurecimiento de las condenas contra niños palestinos.
El informe también denuncia el uso creciente del arresto domiciliario, especialmente en Jerusalén, donde cientos de hogares palestinos han sido convertidos en prisiones, obligando a las familias a ejercer como vigilantes de sus propios hijos bajo órdenes judiciales. Esta medida genera graves consecuencias sociales y psicológicas, tanto para los menores como para su entorno familiar. A ello se suman las órdenes de expulsión que separan a los niños de sus comunidades.
Entre los crímenes más graves documentados destaca la política de hambre forzada, responsable de la muerte del joven prisionero Walid Ahmad (17 años), de Silwad (Ramala), en la prisión de Megido. Los resultados de la autopsia confirmaron que la desnutrición sistemática, derivada de la privación prolongada de alimentos suficientes, fue la causa principal del deterioro de su salud y su fallecimiento.
Los menores encarcelados son sometidos, además, a condiciones degradantes como el hacinamiento en celdas, la prohibición de visitas, la negligencia médica y las constantes redadas violentas por parte de unidades represivas, que incluyen agresiones físicas, uso de gas y destrucción de pertenencias personales.
Las condiciones de detención son deliberadamente inhumanas, sin acceso a higiene básica, agua suficiente ni atención médica adecuada, lo que ha provocado la propagación de enfermedades como la sarna (escabiosis) entre los menores, sin que se apliquen medidas de tratamiento o aislamiento.
Ante esta situación, el Centro Palestina de Estudios de los Prisioneros llama a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad y a actuar frente a estas violaciones sistemáticas, exigiendo el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el fin inmediato de las detenciones arbitrarias, la tortura, el hambre forzada y la negligencia médica que ponen en riesgo la vida de la infancia palestina.
Frente a esta realidad, el silencio internacional no es neutralidad: es complicidad. Defender a los niños y niñas palestinos exige algo más que declaraciones; implica exigir responsabilidades, romper la impunidad del régimen de ocupación y poner fin a todas las formas de represión contra el pueblo palestino. La libertad de la infancia prisionera es inseparable de la liberación de Palestina.