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Energía robada, vidas asfixiadas: el bloqueo de Gaza y la economía global de la ocupación

Mientras más de dos millones de palestinas y palestinos sobreviven sin acceso estable a electricidad en Gaza, grandes corporaciones energéticas internacionales participan en la explotación de recursos frente a sus costas, en un contexto marcado por el bloqueo, el saqueo y la impunidad.

Más de dos millones de palestinas y palestinos en la Franja de Gaza viven desde hace años bajo un régimen de bloqueo que condiciona cada aspecto de la vida cotidiana. La electricidad —cuando llega— lo hace durante unas pocas horas al día; el combustible escasea; el agua potable es limitada; los hospitales funcionan al borde del colapso. Lejos de ser una consecuencia indirecta de un conflicto, esta situación responde a una política sostenida de control impuesta por Israel, que regula la entrada y salida de bienes, personas y recursos en el enclave.

Diversos organismos internacionales han señalado que este bloqueo constituye una forma de castigo colectivo prohibida por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, pese a estas advertencias, la situación no solo se mantiene, sino que se ha agravado en el contexto de la ofensiva militar sobre Gaza, dejando a la población civil atrapada en una estructura de dependencia forzada.

En paralelo, se desarrolla otra dimensión menos visible pero profundamente vinculada: la explotación de los recursos energéticos palestinos en el Mediterráneo oriental. En octubre de 2023, en plena guerra, se concedieron licencias para la exploración de gas frente a la costa de Gaza, entre ellas a un consorcio liderado por Eni.

“Mientras Gaza permanece en la oscuridad, sus recursos energéticos son explotados fuera de su control.”

El área conocida como “Bloque G” concentra reservas valoradas en más de 200.000 millones de dólares. Según el derecho internacional, gran parte de estas aguas pertenece a la zona económica exclusiva palestina. Sin embargo, estas licencias fueron otorgadas sin consentimiento del pueblo palestino.

Organizaciones como Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Palestinian Centre for Human Rights han advertido que esta explotación constituye saqueo y puede equivaler a crimen de guerra.

A este entramado se suman otras grandes corporaciones como Chevron o BP, así como alianzas con actores como Delek Group, incluida en bases de datos de la ONU por su implicación en asentamientos ilegales.

Las denuncias han sido respondidas con presiones y acciones judiciales. La organización italiana ReCommon ha sido objeto de demandas por parte de Eni tras investigar estos vínculos, en lo que se ha calificado como intentos de silenciar la denuncia pública.

En 2025, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese alertó sobre la existencia de una “economía del genocidio”, señalando la responsabilidad de empresas que se benefician del contexto de ocupación.

“No se trata solo de un conflicto: es un sistema económico que convierte la ocupación en negocio.”

Frente a esta realidad, la sociedad civil internacional ha impulsado iniciativas para romper el bloqueo. Entre ellas, la Global Sumud Flotilla, que busca llevar ayuda humanitaria y denunciar el carácter ilegal del asedio.

Estas iniciativas han sido sistemáticamente obstaculizadas: barcos interceptados, activistas detenidos, presión diplomática. Más allá de su impacto material, representan una ruptura simbólica del aislamiento impuesto a Gaza.

El esfuerzo por impedirlas revela una dimensión clave: el bloqueo no es solo militar, sino también político y narrativo. Permitir que estas iniciativas prosperen implicaría cuestionar su legitimidad ante la comunidad internacional.

Mientras tanto, numerosos Estados continúan manteniendo relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel, pese a las denuncias reiteradas.

No se trata de hechos aislados.
Es una estructura global.

Un sistema que bloquea y empobrece mientras extrae riqueza.
Un sistema que castiga a una población mientras otros se benefician de sus recursos.

Romper el bloqueo de Gaza no es solo una cuestión humanitaria. Es una exigencia política, jurídica y moral frente a un sistema basado en la impunidad.

Porque mientras Gaza permanece en la oscuridad, el mundo no puede seguir ignorando quién controla la energía… y quién se beneficia de su ausencia.

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