Informa desde Gaza: Ezzat Jamal
En Gaza, la crisis del agua no es una catástrofe natural, sino el resultado de una política deliberada que transforma un derecho básico en un mecanismo de dominación, agravando una emergencia humanitaria ya insostenible.
Cuando hablamos de la escasez de agua en Gaza, no nos referimos a la falta de un recurso natural, sino a una política deliberada gestionada conscientemente por la ocupación israelí. A través de ella, se ataca uno de los pilares fundamentales de cualquier comunidad humana: el acceso al agua. Así, el agua deja de ser un derecho humano básico para convertirse en una herramienta de presión y control.
Según revela el informe publicado por la Médicos Sin Fronteras —el tercero consecutivo que alerta sobre las políticas agresivas contra la población de la Franja—, lo que ocurre en Gaza supera los límites de una catástrofe natural y alcanza el nivel de una “escasez diseñada”, que genera un entorno incompatible con la vida.
El acceso al agua potable es un pilar esencial de la salud pública. Su ausencia no implica únicamente sed, sino que abre la puerta a una cadena interminable de crisis sanitarias que conducen a la propagación de enfermedades y epidemias. En el contexto de hacinamiento extremo en los campos de desplazados —donde la población se ve obligada a vivir en condiciones precarias y con servicios sanitarios insuficientes— estas enfermedades se convierten en un instrumento letal. En Gaza, donde el colapso del sistema hídrico coincide con el deterioro del sistema sanitario, el impacto se multiplica hasta alcanzar niveles catastróficos.
El informe señala que, como resultado de las políticas aplicadas durante dos años de guerra, cerca del 90% de la infraestructura de agua y saneamiento ha sido destruida. Esto no puede considerarse un daño colateral, sino un ataque sistemático y directo contra las condiciones de vida de la población, orientado a forzar el desplazamiento. Las plantas desalinizadoras, los pozos y las redes de distribución no son simples instalaciones técnicas: son las arterias que sostienen la vida. Cuando estas son atacadas o se impide su reparación —sumado al bloqueo de suministros esenciales, donde un tercio de las solicitudes para introducir equipos hídricos (bombas, materiales de desinfección, unidades de desalinización) han sido rechazadas o ignoradas— el resultado inevitable es empujar a la población hacia la sed, la enfermedad y, potencialmente, el desplazamiento forzado.
En síntesis, la crisis del agua en Gaza no es accidental: es una crisis política deliberada, que forma parte de un entorno de vida impuesto que amenaza directamente la supervivencia de la población.
Este escenario sitúa a los mediadores, las organizaciones internacionales y la Naciones Unidas ante una prueba real. El derecho internacional humanitario es claro al prohibir el uso de recursos esenciales —especialmente el agua— como herramienta de castigo colectivo o como arma de guerra. Sin embargo, la realidad evidencia una profunda brecha entre los marcos legales y su aplicación efectiva, mientras las violaciones continúan sin un mecanismo de rendición de cuentas.
Lo más alarmante es que la crisis del agua no se limita al presente, sino que proyecta consecuencias devastadoras a largo plazo. Los niños que crecen sin acceso a agua potable están expuestos a la desnutrición, retrasos en el desarrollo y sistemas inmunológicos debilitados, lo que incrementa las tasas de mortalidad. Además, la contaminación de los acuíferos —resultado de la destrucción de las redes de saneamiento— puede persistir durante años, complicando enormemente cualquier proceso de reconstrucción desde el punto de vista sanitario, ambiental y económico.
Lo que sucede en Gaza se acerca a lo que puede describirse como una “aniquilación silenciosa”, y obliga a replantear el concepto de seguridad humana. La seguridad no se limita a un alto el fuego, sino que implica garantizar el acceso al agua, los alimentos y la atención sanitaria. Estos no son privilegios, sino derechos fundamentales que deben ser garantizados. Sin ello, cualquier intento de “calma” seguirá siendo frágil y fácilmente reversible.
En definitiva, la crisis del agua en Gaza revela una ecuación brutal: cuando se priva a un pueblo de agua, se le priva de las condiciones mínimas de dignidad y de supervivencia. La cuestión ya no es solo medir la magnitud de la catástrofe, sino asumir la responsabilidad de pasar de la denuncia a la acción, para devolver la vida a una Gaza devastada.