El acceso al tratamiento médico fuera de Gaza, reconocido por el derecho internacional humanitario, se ha transformado en un proceso condicionado por restricciones políticas y de seguridad. Miles de pacientes permanecen bloqueados mientras su salud se deteriora en un sistema sanitario devastado
Más de 22.000 personas necesitan salir para recibir tratamiento, pero el bloqueo y los retrasos convierten la evacuación médica en una cuestión de vida o muerte.
“La decisión sobre la evacuación médica ya no se toma en el hospital, sino fuera de él, bajo criterios políticos y de seguridad.”
Gaza: ¿Cómo se ha convertido el tratamiento fuera de un derecho garantizado en una herramienta de chantaje?
Informa desde Gaza, Ezzat Jamal
En las guerras y los conflictos armados, se supone que el derecho al tratamiento y a la atención sanitaria debe permanecer fuera del ámbito de los ataques o las restricciones, y cualquier medida que lo contravenga se considera un crimen contra la humanidad, dado que estos derechos fundamentales están garantizados por las normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, lo que ocurre en la Franja de Gaza contradice esto y revela una realidad diferente: el proceso de evacuación médica de personas heridas y enfermas se ha transformado de una medida puramente humanitaria en un procedimiento complejo, regido por estrictas consideraciones de seguridad y políticas.
En principio, quienes cumplen las condiciones deberían tener derecho a viajar para recibir tratamiento: pacientes o personas heridas que necesitan atención que salve vidas o tratamientos especializados no disponibles dentro de Gaza. Esto se realiza mediante la clasificación de los casos según su gravedad (urgentes, inmediatos, crónicos con complicaciones, crónicos estables).
En teoría, estos criterios reflejan un compromiso profesional y ético que garantiza la equidad en la distribución de las oportunidades de tratamiento. Sin embargo, este marco resulta insuficiente para alcanzar sus objetivos en una realidad en la que intervienen factores no médicos, lo que hace que la decisión final sobre la evacuación no se tome en el hospital, sino fuera de él. Debido a las complejidades de seguridad impuestas por la ocupación israelí, la aprobación se convierte en una cuestión de vida o muerte.
Según la última actualización del aparato de comunicación gubernamental, el director general de la oficina de prensa informó de que hay más de 22.000 pacientes y personas heridas en la Franja de Gaza que necesitan urgentemente viajar al extranjero para recibir tratamiento. Entre ellos, 19.000 han completado todos los procedimientos oficiales y han obtenido derivaciones médicas, pero siguen bloqueados a la espera de autorización para salir. Asimismo, más de 1.000 estudiantes están privados de incorporarse a sus universidades en el extranjero, a pesar de cumplir todos los requisitos necesarios. De acuerdo con el centro de información gubernamental, el ritmo actual de salidas no cubre ni siquiera el mínimo de las necesidades humanitarias, y la continuación de esta situación implicaría años para resolver las listas acumuladas, a menos que se produzca un cambio fundamental e inmediato en el funcionamiento de los pasos fronterizos.
El paciente en Gaza atraviesa una larga cadena de procedimientos para obtener permiso de salida del enclave, que incluye autorizaciones médicas, administrativas y de seguridad de múltiples partes. A menudo, este proceso carece de un límite temporal claro, lo que provoca retrasos que pueden prolongarse durante meses o incluso años.
Los informes indican que el número de pacientes evacuados diariamente en los últimos periodos ha descendido a niveles extremadamente bajos, desproporcionados con la magnitud de los casos críticos. En este contexto, el retraso deja de ser un mero fallo administrativo para convertirse en un factor decisivo que determina el destino de los pacientes, especialmente de quienes padecen cáncer, lesiones graves o enfermedades cardíacas complejas.
La introducción de consideraciones de seguridad en un proceso estrictamente médico plantea un profundo problema ético, ya que el derecho al tratamiento pasa a estar condicionado por criterios ajenos al estado de salud y vinculados a contextos políticos y de seguridad.
El colapso de la infraestructura sanitaria, debido a la destrucción generalizada del sector de la salud en Gaza por la maquinaria de genocidio, ha socavado la capacidad de los hospitales restantes para responder a los casos graves. Organizaciones como Médicos sin Fronteras han documentado una fuerte disminución en la disponibilidad de medicamentos esenciales y equipos médicos, además de la salida de funcionamiento de numerosos hospitales.
Este colapso no se limita al tratamiento de las lesiones causadas por los ataques militares, sino que se extiende a enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y los tumores. Ante la ausencia de capacidades diagnósticas y terapéuticas avanzadas, los hospitales locales se han vuelto incapaces de ofrecer más que un nivel mínimo de atención, lo que convierte la evacuación médica en la única opción para salvar la vida de miles de pacientes.
Así, la evacuación deja de ser una opción complementaria para convertirse en una necesidad vital, en el contexto de un sistema sanitario que ya no puede cumplir ni siquiera sus funciones más básicas.
Debido a estas demoras en la respuesta y en la evacuación médica, cientos de pacientes —entre ellos un gran número de niñas y niños— han fallecido mientras esperaban las autorizaciones necesarias para ser evacuados. Otros informes indican que la cifra real podría ser mucho mayor, dada la dificultad de documentar con precisión en un entorno sometido a agresiones continuas y violaciones constantes.
Además, miles de pacientes siguen en listas de espera, enfrentándose al riesgo de un deterioro de su estado de salud o incluso la muerte en cualquier momento. Estas cifras no reflejan simplemente un fallo administrativo, sino un patrón repetido de retrasos que conduce a resultados evitables si existieran mecanismos más eficaces y rápidos. Cada muerte derivada del retraso en la evacuación médica representa, en esencia, un fracaso en garantizar un derecho humano fundamental.
En este sentido, existe una clara y significativa insuficiencia por parte de los Estados garantes del alto el fuego y de las organizaciones internacionales pertinentes a la hora de presionar a la ocupación israelí. No obstante, no se puede negar que algunos países han respondido parcialmente mediante la acogida de pacientes de Gaza o el apoyo logístico a las operaciones de evacuación. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo limitados en comparación con la magnitud y la complejidad de la crisis.
Informes de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones humanitarias subrayan la necesidad urgente de abrir corredores médicos seguros, aumentar el número de pacientes autorizados a ser evacuados y acelerar los procedimientos de aprobación. Aun así, la respuesta internacional continúa condicionada por consideraciones políticas, lo que limita su eficacia.
En este contexto surge una pregunta fundamental: ¿Está la comunidad internacional respondiendo realmente como debería ante sus obligaciones éticas y legales?
La respuesta, según los datos actuales, tiende a ser negativa. La brecha entre la magnitud de las necesidades y la respuesta real refleja una clara insuficiencia en la activación de los mecanismos disponibles para proteger a la población civil y garantizar sus derechos básicos.
Finalmente, la crisis de la evacuación médica en Gaza pone de manifiesto una contradicción flagrante entre los estándares humanitarios internacionales declarados y la realidad práctica. Mientras las instancias médicas establecen prioridades claras basadas en salvar vidas, las restricciones de seguridad y políticas impuestas por la ocupación israelí obstaculizan su aplicación, provocando pérdidas humanas evitables.
Abordar esta crisis requiere más que mejorar los procedimientos técnicos: exige una voluntad política real para obligar a la ocupación israelí a cumplir sus obligaciones humanitarias y garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento sin demora. Hasta que eso ocurra, la evacuación médica en Gaza seguirá siendo un doloroso ejemplo de cómo la dilación y las restricciones pueden convertirse en un factor letal para la población
La situación en Gaza evidencia una grave vulneración del derecho a la salud. Mientras continúan los retrasos y restricciones, miles de pacientes siguen atrapados en listas de espera que ponen en riesgo sus vidas, en un contexto donde la intervención urgente de la comunidad internacional resulta imprescindible.