Miles de palestinas y palestinos continúan atrapados fuera de la Franja de Gaza porque las autoridades israelíes les niegan arbitrariamente el derecho a regresar a sus hogares. Mujeres, niños, personas mayores y pacientes que salieron para recibir tratamiento médico permanecen separados de sus familias en una política que vulnera el derecho internacional y consolida el desplazamiento forzoso del pueblo palestino.
La ocupación israelí ha encontrado una nueva forma de profundizar el sufrimiento del pueblo palestino. A la destrucción sistemática de barrios enteros, hospitales, universidades e infraestructuras civiles, al hambre utilizada como arma de guerra y al asedio permanente contra la Franja de Gaza, se suma ahora una política cada vez más extendida: impedir que las propias palestinas y palestinos puedan regresar a sus hogares.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) ha denunciado que las autoridades israelíes están bloqueando arbitrariamente el retorno de personas residentes en Gaza que permanecen temporalmente en el extranjero. Entre ellas hay mujeres, niños, personas mayores y pacientes que salieron únicamente para recibir tratamiento médico. Muchos de ellos llevan meses, e incluso años, separados de sus familias sin saber cuándo podrán volver.
Lejos de responder a necesidades de seguridad, esta práctica forma parte de una política sistemática de control sobre la población palestina. El derecho a regresar al propio hogar ha sido transformado por la ocupación en un permiso excepcional sometido exclusivamente a la voluntad de las autoridades israelíes.
Actualmente, quienes desean regresar a Gaza deben registrar previamente sus nombres en la Embajada de Palestina en El Cairo o a través de empresas privadas de coordinación. Posteriormente, Israel decide arbitraria quién puede volver y quién no, tras un supuesto «examen de seguridad» que puede prolongarse durante semanas y cuyas resoluciones carecen de cualquier explicación o mecanismo efectivo de recurso.
En la práctica, la ocupación convierte un derecho humano fundamental en un privilegio concedido por quien ocupa militarmente el territorio.
Las consecuencias humanas son devastadoras. El PCHR ha documentado numerosos casos de mujeres que permanecen atrapadas fuera de Gaza sin poder reunirse con sus hijos y esposos. También ha registrado pacientes que finalizaron hace tiempo sus tratamientos médicos en el extranjero y continúan privados del derecho a regresar a su tierra.
Una mujer de 34 años relató al Centro que abandonó Gaza para recibir atención médica pocos meses después del inicio de la guerra. Dejó atrás a su marido y a la mayoría de sus hijos con la esperanza de regresar una vez concluido el tratamiento. Sin embargo, cuando inició los trámites para volver, las autoridades israelíes rechazaron su solicitud sin ofrecer ninguna explicación. «Pensaba que solo me separaban unas horas de mis hijos. Ahora llevo casi dos años sin poder abrazarlos«, declaró.
Otro testimonio corresponde a Aisha, de 42 años, quien decidió regresar pese al hambre, los bombardeos y la destrucción porque deseaba reunirse con una familia que ya había perdido a varios de sus miembros durante la ofensiva israelí. También recibió una negativa. «¿Por qué necesito autorización de la ocupación para volver a mi propia casa, aunque esté destruida?», se pregunta.
A ellos se suma Abdel Aziz, de 68 años, que salió de Gaza para tratar una enfermedad convencido de que regresaría tras completar el tratamiento. Hoy continúa atrapado lejos de sus hijos y nietos, víctima de una decisión arbitraria de la ocupación.
Estos casos no son hechos aislados. Reflejan una estrategia que busca romper los vínculos familiares, aumentar el desgaste psicológico de la población palestina y convertir el exilio en una situación permanente.
Incluso quienes reciben autorización para regresar son sometidos a largos interrogatorios, registros humillantes, confiscación de pertenencias personales y, en algunos casos, detenciones pese a disponer de permisos previamente aprobados. Diversos testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos denuncian además agresiones físicas, amenazas, chantajes y malos tratos durante los procedimientos de cruce, incluidos casos que afectan a mujeres.
Todo ello evidencia que el control de los pasos fronterizos ha dejado de ser un mero instrumento administrativo para convertirse en un mecanismo de castigo colectivo y de ingeniería demográfica.
Estas prácticas vulneran de forma directa el derecho internacional. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser privado arbitrariamente del derecho a entrar en su propio país. Asimismo, la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe expresamente las medidas destinadas a provocar el traslado o desplazamiento forzoso de la población protegida.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera que la deportación o el traslado forzoso de población pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Lo que ocurre hoy en Gaza encaja dentro de ese patrón más amplio. La ocupación no solo destruye viviendas y medios de vida; también dificulta deliberadamente el regreso de quienes fueron obligados a salir. La expulsión deja así de ser un episodio temporal para convertirse en una herramienta permanente de transformación demográfica.
El control de la movilidad se suma al bloqueo, al hambre, a la destrucción de infraestructuras esenciales y a la negación de condiciones mínimas para la vida. Todos estos elementos forman parte de una misma política destinada a hacer inviable la permanencia del pueblo palestino en su tierra.
Por ello, el Centro Palestino para los Derechos Humanos ha instado a las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al conjunto de la comunidad internacional a intervenir con urgencia para garantizar el regreso inmediato e incondicional de todas las personas palestinas retenidas fuera de Gaza, poner fin a esta política arbitraria y exigir responsabilidades a las autoridades israelíes por las violaciones del derecho internacional.
«Impedir que las y los palestinos regresen a sus hogares no es una medida de seguridad: es una política de desplazamiento forzoso destinada a vaciar Gaza de su población.»
La comunidad internacional no puede seguir tratando estas prácticas como simples procedimientos administrativos. Negar a un pueblo el derecho a volver a su propia tierra constituye una nueva expresión del proyecto colonial israelí, que utiliza el control de las fronteras, la separación de las familias y la expulsión prolongada como instrumentos para modificar la realidad demográfica de Palestina y consolidar una limpieza étnica que continúa desarrollándose ante la mirada del mundo.