Jaldía Abubakra
La acusación del régimen sionista contra Saif Abu Keshek —señalándolo como miembro de una “organización terrorista”— llega después de su secuestro en aguas internacionales y de haber sido sometido a tortura junto a Thiago Ávila. No es un hecho aislado. Es parte de un patrón más amplio: el uso sistemático de la etiqueta de “terrorismo” como herramienta política para criminalizar a quienes resisten, se organizan o simplemente se solidarizan con Palestina.
Pero la pregunta es inevitable: ¿Quién tiene la autoridad para decidir quién es “terrorista”?
¿Estados Unidos? Un Estado que ha invadido países, destruido sociedades enteras —como en Irak— y sostenido guerras que han costado millones de vidas. Un gobierno que reprime con violencia a manifestantes pacíficos, incluso en sus propias universidades, y que apoya política, militar y económicamente a Israel en su ofensiva permanente contra el pueblo palestino.
¿Israel? Un Estado construido sobre la limpieza étnica y las masacres del pueblo palestino, que desde su origen ha violado de forma sistemática el derecho internacional y los derechos humanos. Un régimen que bombardea hospitales, escuelas y universidades; que asesina a periodistas y personal sanitario; que mantiene un asedio contra más de dos millones de personas en Gaza, sometiéndolas al hambre como arma de guerra; y que encarcela a miles de palestinos —incluidos niños— mediante detención administrativa.
Desde esa posición de poder, ambos regímenes pretenden definir quién es legítimo y quién no, quién puede organizarse políticamente y quién debe ser perseguido.
Sin embargo, el propio derecho internacional cuestiona esa pretensión. La Asamblea General de la ONU ha reconocido en múltiples resoluciones el derecho de los pueblos bajo dominación colonial u ocupación extranjera a luchar por su autodeterminación. Este principio no es marginal: forma parte del núcleo del derecho de los pueblos a existir y decidir su futuro.
Además, el secuestro de civiles en aguas internacionales vulnera normas básicas del derecho del mar, que establecen la jurisdicción exclusiva del Estado de bandera y limitan estrictamente cualquier abordaje. Nada de esto parece aplicarse cuando se trata de activistas vinculados a Palestina.
La contradicción es evidente: quienes violan sistemáticamente el derecho internacional se arrogan el poder de definir quién lo incumple.
Como señalaba Ghassan Kanafani, la cuestión palestina no es un problema humanitario, sino un conflicto político de liberación nacional. Reducirla a “terrorismo” no solo es una falsificación, sino una forma de borrar sus causas históricas: la colonización, la expulsión y la ocupación.
“La causa palestina no es una causa de caridad, sino una causa de justicia.” — Ghassan Kanafani
La historia confirma esta lectura.
Todos los pueblos que han enfrentado ocupaciones coloniales han desarrollado formas de resistencia y organización, tanto dentro de sus territorios como en la diáspora. Desde Argelia hasta Vietnam, pasando por la resistencia europea contra el nazismo, la organización política fuera del territorio ocupado ha sido una herramienta fundamental de lucha.
También en el Estado español. Durante la dictadura franquista, organizaciones en el exilio apoyaron a presos políticos y sostuvieron la resistencia. Figuras como Felipe González desarrollaron parte de su actividad política fuera del país. Si el régimen franquista —o potencias extranjeras— hubiera calificado a esas redes como “terroristas” y perseguido a sus miembros internacionalmente, ¿se consideraría legítimo? ¿Habría sido aceptable su secuestro o eliminación?
La respuesta es clara. Y sin embargo, esa misma lógica se pretende normalizar cuando se trata de Palestina.
La historia reciente de Europa y del mundo occidental ofrece ejemplos igualmente reveladores. Figuras como Nelson Mandela fueron calificadas durante años como “terroristas” por las mismas potencias que hoy lo celebran como símbolo universal de libertad. Del mismo modo, líderes como Yasir Arafat pasaron de ser considerados enemigos absolutos a interlocutores políticos reconocidos internacionalmente.
En Europa, Charles de Gaulle organizó la resistencia contra la ocupación nazi desde el exilio, mientras que en Irlanda, figuras como Gerry Adams, vinculadas al IRA, consideradas organizaciones terroristas por el Reino Unido, terminaron desempeñando un papel central en procesos políticos de resolución de conflictos.
Estos ejemplos no son excepciones: muestran que la etiqueta de “terrorismo” no es una categoría jurídica objetiva, sino un instrumento político que cambia según el contexto, los intereses y las correlaciones de fuerza.
Casos recientes lo evidencian también en Palestina: la criminalización de organizaciones de la sociedad civil, incluidas ONG de derechos humanos; las campañas contra redes internacionales de solidaridad; o la persecución de activistas en Europa y América Latina bajo marcos legales ambiguos.
La etiqueta de “terrorismo” no es neutral. Es una herramienta de poder. Sirve para justificar la represión, silenciar la solidaridad internacional y convertir a las víctimas en culpables. Sirve para desplazar el foco: de la ocupación y el colonialismo, hacia quienes los combaten.
Aceptar sin cuestionamiento estas calificaciones implica aceptar también el marco político que las produce. Implica reconocer a los mismos actores que violan sistemáticamente el derecho internacional como árbitros legítimos de la legalidad y la moral.
Y eso no es solo incoherente. Es profundamente peligroso.
Porque la historia ya ha demostrado que quienes hoy son llamados “terroristas”, mañana pueden ser reconocidos como luchadores por la libertad o interlocutores políticos legítimos. Mandela, Arafat, la resistencia europea o el movimiento irlandés no son anomalías: son precedentes.
La diferencia, en el caso palestino, no es jurídica ni moral. Es política.
Y aceptar esa diferencia implica asumir que el pueblo palestino debe ser la excepción permanente: el único al que se le niega el derecho que otros pueblos sí tuvieron —y que hoy se reconoce retrospectivamente como legítimo— a resistir, organizarse y luchar por su liberación.
Por eso, la cuestión no es si Palestina encaja en la categoría de “terrorismo”.
La cuestión es por qué seguimos aceptando una categoría construida por quienes necesitan criminalizarla para sostener un orden injusto.
Porque si hoy se acepta que se niegue al pueblo palestino lo que la historia reconoce a otros pueblos, mañana no habrá marco que proteja a nadie.
La cuestión, en última instancia, no es solo Palestina.
Es si estamos dispuestos a mirar de frente nuestra propia historia…
y admitir que, bajo los criterios que hoy se aplican, muchos de los referentes que Occidente celebra habrían sido perseguidos, encarcelados o eliminados como “terroristas”.